El Juez Promiscuo Municipal de Galapa, Venancio García - Solis, mantuvo su decisión de detención domiciliaria para los jueces Rafael Uribe Henríquez y Alberto Oyaga Machado, al igual que el Fiscal Gustavo Orozco Pertuz, dentro de la investigación por denuncias presentadas contra ellos por la familia Acosta Bendek.

La decisión la había adoptado en horas del mediodía y en la tarde la audiencia fue reanudada para escuchar los recursos de reposición y en subsidio de apelación que fueron interpuestos.

“No voy a modificar mi decisión porque lo hice por lo que consideré en mi valoración”, anotó el Juez.

Señaló que de manera complementaria ordenó que ninguno de los tres funcionarios judiciales podrá participar en audiencias virtuales ni presenciales en sus despachos, para darle garantías al proceso.

“Los tres quedan asegurados para que no perturben la tranquilidad de la sociedad ni de las víctimas”, insistió, advirtiendo, además, que notificará del hecho a la Fiscalía General de la nacional para que adopte las acciones del caso en torno al Fiscal 56 Gustavo Orozco Pertuz y al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla en cuanto a los dos jueces.

Luego de dar a conocer su decisión de ordenar la detención domiciliaria para los tres funcionarios judiciales, en horas de la tarde la audiencia se concentró en los recursos interpuestos por las diferentes partes.

Inicialmente, el Fiscal 90 ante el Tribunal Superior de Bogotá, Germán Arias Cortés, se mostró de acuerdo con la imposición de la medida, tal como lo solicitó el mismo ente acusador, por considerar que están dadas las condiciones iniciales de inferencia razonable de los delitos imputados, por lo que se encuentra mérito para imponerla.

Sin embargo, en su intervención, Arias Cortés no compartió la detención domiciliaria argumentando que “no son hechos graves sino gravísimos y no son cualquier ciudadanos a quienes se les impone la medida sino a un Fiscal y dos jueces encargados de dar garantías constitucionales”.

Citó la mala utilización de un celular que se les permitió a los capturados e imputados para mantener contacto con sus defensas para señalar que la sola detención domiciliaria no conlleva a los verdaderos fines de la medida de confinamiento ya que tendrían acceso a celulares, computadores y redes que en principio no fueron permitidos por el Juez.

Así las cosas, recalcó, se puede interferir la labor de la investigación penal en el recaudo del material probatorio, con una clara obstrucción al debido ejercicio de la administración de justicia.

También recordó el episodio del Juez Alberto Oyaga Machado, quien fue denunciado por amenazas de muerte contra Hugo Junior Carbono, uno de los apoderados de víctimas en este proceso.

Por estas razones pidió que la medida no sea domiciliaria sino preventiva intramural, en establecimiento carcelario para los tres.

Por su parte, el apoderado de víctimas, Alejandro Arcila, también interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, frente a la detención domiciliaria, considerando que la privativa de la libertad en establecimiento carcelario es la medida más idónea y proporcional.

Argumentó que bajo detención domiciliaria podrían incurrir en situaciones imposibles de controlar por parte de las autoridades.

Entre tanto, Erick Calderón, también apoderado de víctimas, sostuvo que el Fiscal Gustavo Orozco Pertuz representa un peligro para la víctima (Alberto Acosta Pérez), señalando que sus decisiones demuestran una actitud personal en contra de su defendido.

Del Juez Alberto Oyaga Machado expuso las amenazas de muerte contra el apoderado de víctimas Hugo Junior Carbonó, al tiempo que del togado Rafael Uribe Henríquez señaló que ha tenido una actitud reticente frente a la administración de justicia, resolviendo asuntos diferentes a los de su competencia.

A su turno, el representante del Ministerio Público, Wilson Rangel, le planteó al Juez mantener la medida de aseguramiento con detención domiciliaria para los tres funcionarios judiciales, “a pesar que los hechos son gravísimos”.

Anotó que con el hecho de que los tres deben abstenerse de participar en audiencias virtuales o presenciales en sus despachos, debilita sus funciones.

Por su parte, Javier Hurtado, apoderado del Fiscal Gustavo Orozco Pertuz, se opuso a la medida de detención domiciliaria.

Señaló que no existen elementos de inferencia razonable ni los requisitos para imponer la medida de detención domiciliaria.

Seguidamente intervino Antonio Luis González, apoderado de los jueces Rafael Uribe Henriquez y Alberto Oyaga Machado, manifestando que Alejandro Arcila, defensor de víctimas, se ha atribuido funciones de Fiscal en la audiencia.

Esta expresión la repitió tantas veces que el Juez Promiscuo Municipal de Galapa le llamó la atención y lo conminó a moderar su discurso porque lo que prácticamente pretendía era “restregarle” algo al apoderado Arcila.

Cuando llevaba 31 minutos de intervención, nuevamente el Juez le llamó la atención y lo conminó a terminar y le concedió 8 minutos más.

Al final planteó que el Juez que mantuviera su decisión, anunciando que apelaría la misma.

Al concluir la audiencia, el Juez dijo que Antonio Luis González faltó a la verdad cuando manifestó que el incidente del celular por parte del Juez Alberto Oyaga Machado, haya sido presentado por el defensor de víctimas Alejandro Arcila.

Ese material, recalcó, fue presentado por el Fiscal 90, por lo cual, reiteró, González mintió en su intervención.

Finalmente, el Juez Rafael Uribe Henriquez pidió que su detención domiciliaria se cumpla en la ciudad de Santa Mata.

La audiencia continuará el miércoles de esta mañana para escuchar las diferentes apelaciones.